Hace ya unos años y antes de que quien escribe dé por terminada una charla sobre transparencia con magistrados, uno de los jueces más antiguos pidió la palabra: “Quisiera –dijo- dirigirme sobre todo a los jueces más jóvenes que están aquí presentes. Quisiera advertirles de que no deben aplicar nada de lo que han escuchado en esta reunión. Porque yo lo hice una vez y me sancionaron”.

La anécdota sintetiza el problema que se encuentra en la base de la cultura del secreto, esto es, la penalización o el castigo por una decisión pro transparencia. No obstante, en términos más amplios, se trata de la dificultad para tomar decisiones con autonomía dentro de la administración pública, a partir de la aplicación o inaplicación arbitraria e indiscriminada de un régimen sancionador siempre a la medida del superior jerárquico o del supervisor de turno, y ni qué decir de los hostigamientos de toda índole, siempre oficiosos e impunes.

La literatura sobre transparencia señala de manera reiterada que los funcionarios públicos deben prever y poner en la balanza el daño que originaría a los derechos en juego la publicidad o reserva de la información, para brindar certeza a su decisión final. Pero en condiciones en donde las sanciones caen por cualquier motivo y bajo cualquier forma, y, lo que es peor, no caen cuando sí deberían hacerlo, posiblemente el riesgo de daño sobre el que más atención preste un funcionario, si es que procura brindar información que considera pública, es el que sufriría su propia carrera si de pronto el jefe no aprueba su medida.

Un sistema de gestión pública en donde se castiga el acceso a la información y se deja en la impunidad su violación –como el peruano-, es un sistema que ha institucionalizado la 'cultura del secreto'. Es un sistema en donde, al ser la falta de transparencia la regla, ésta ya no se puede castigar sin poner en riesgo la propia estabilidad de la administración pública, como sería el caso de pretender sancionar a todos los funcionarios responsables del flagrante, masivo y recurrente desacato a las sentencias sobre hábeas data que ordenan la entrega de información pública.

La ‘cultura del secreto’ es funcional a la ineficiencia y la corrupción porque refuerza la suspicacia entre los funcionarios así como sus consecuencias, ya sean éstas la falta de cooperación entre ellos o la compartimentación de la información (incluso al interior de una misma entidad). En 2007, por ejemplo, la psicoterapeuta Lucía Fernández (miembro del Consejo directivo de Suma Ciudadana) pudo diagnosticar clínicamente los niveles inauditos de sospecha entre los funcionarios de una municipalidad del norte de Lima. En esa misma línea, y a pesar de algunos esfuerzos puntuales por el cambio, la 'cultura del secreto' impide que el Estado cuente, a una década de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un instrumento confiable de diagnóstico sobre cómo el Estado la ha ido cumpliendo.

Pero la tenacidad de la 'cultura del secreto' radica en su legitimación. La distribución de incentivos y desincentivos que la avala no es gratuita porque descansa en una interpretación restrictiva del principio jurídico que reclama el amparo normativo para toda decisión estatal, esto es, del principio de legalidad. Esta interpretación restrictiva sostiene que el funcionario público sólo puede hacer lo que está expresamente autorizado a hacer. Y aplicada desde una concepción ‘patrimonialista’ de la gestión pública, resulta en un argumento adecuado para defender la publicación de información sólo si quien podría imponer un castigo por ese motivo lo autoriza expresa o implícitamente. Esta interpretación restrictiva subordina al derecho de acceso a la información pública y en general a los derechos fundamentales. ¿No sería acaso más eficaz y dejarle al funcionario libertad para cumplir con sus objetivos? ¿Por qué a la gestión pública no se le puede aplicar la regla constitucional según la cual, nadie está impedido de hacer lo que no está prohibido?

El fin de la cultura del secreto pasa por reconocerles a los funcionarios públicos autonomía e independencia para tomar decisiones. Un reconocimiento que debe ser normativo pero que también debe ir acorde necesariamente con un cambio en la manera cómo se aplican y distribuyen las sanciones dentro de la administración pública para evitar que se tergiverse el sentido o espíritu de la norma. Y la clave del cambio es la transparencia, porque la visión de la gestión pública se define a partir no de lo que creemos que se debe castigar y premiar, sino de lo que advertimos que en verdad se castiga y se premia.