El Perú solicitó en 2011 ser incorporado a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) que promueven el presidente de los Estados Unidos y la presidenta de Brasil. Una decisión que supuso para los entendidos una suerte de nuevo aliento hacia la modernización de la gestión pública, dado que esta iniciativa global busca que los países suscriptores –como el Perú- se comprometan a llevar a cabo planes bianuales destinados a generar cambios importantes en cuatro campos: la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y el gobierno electrónico. Pero hasta la fecha no hay evidencias confiables de mejora. ¿Es posible revertir esto? veamos.     

1. El Diagnóstico oficial 

No es un secreto la incapacidad del Estado de articular su estructura para cumplir con los objetivos que se propone. Este problema grave del Estado Peruano fue identificado oficialmente en 2013 por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM – la oficina gubernamental de nivel intermedio que impulsa el compromiso de gobierno abierto de Perú- en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Mediante esa norma la Secretaría reconoció que “las entidades públicas nacionales, regionales y locales no muestran en general, tener las capacidades de gobierno y de gerencia suficientes para proveer más y mejores bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos en todo el país, según su necesidad”. Y citando a un politólogo norteamericano, la norma concluyó que el “Perú tiene uno de los Estados más disfuncionales de América Latina. Muchas instituciones estatales no funcionan, y en algunas zonas, ni siquiera existen. En muchas partes del interior, los servicios públicos (educación, salud, agua potable, infraestructura) no llegan, y si llegan, son plagados por la corrupción y la ineficiencia. Los gobiernos locales y regionales carecen de un mínimo de capacidad administrativa. Y la seguridad y la justicia—funciones básicas del Estado— no son ni mínimamente garantizadas”.

La disfuncionalidad estatal también se ha reflejado en el plan de acción de Gobierno Abierto 2011-2013 de Perú que acaba de concluir con poco que mostrar como avance sustantivo, según lo ha señalado en el reporte independiente de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

En el caso peruano, la información disponible señala que básicamente las mejoras se han dado en el ámbito normativo y dentro de las competencias de la Secretaría de Gestión Pública. En ese sentido, la evidencia más saltante del proceso ha sido la dificultad para asentar al plan de acción sobre una línea de base que defina objetivos transformadores y asigne responsabilidades claras dentro de un contexto de coordinación interinstitucional.

Los compromisos que ha exhibido del gobierno de Perú  han sido en realidad una lista de acciones que diferentes entidades públicas ya vienen desarrollando o tienen planeado hacerlo siguiendo sus propios lineamientos, independientemente de la AGA. Ello ha motivado que la producción o traspaso de información confiable sobre el proceso también haya sido deficiente.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, ésta no ha salido del estándar que se reclama cambiar.

2. Una propuesta alternativa

Ahora bien, ¿Podrían estos planes de acción ayudar a revertir este desgobierno? Creemos que sí, en tanto se entienda el reto que plantea la disfuncionalidad estatal diagnosticada por la propia SGP para el diseño de los planes de acción bianuales.

En primer lugar, es necesario que un liderazgo político de primer nivel asuma el reto de definir el o los objetivos que se persiguen a través del Gobierno Abierto, y de reunir alrededor de dichos objetivos a las entidades autónomas y dependientes pertinentes. Este liderazgo en la actualidad no se percibe y ello ha sido puesto en evidencia por la sociedad civil. Pero dicha carencia no significa que no hayan espacios en donde pudiese generarse un compromiso del Estado para el Gobierno Abierto. Tal vez uno de los más interesantes sea la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción cuya ley de creación la constituye como el espacio de generación de las políticas públicas en dicha área. Otro espacio que puede ser tomado en cuenta es la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza que tiene objetivos acordes con los del Gobierno Abierto enfocados al desarrollo humano.

En segundo lugar, si se toma adecuada conciencia de la disfuncionalidad estatal, el ámbito o espacio de implementación del plan de acción debería acotarse en función de prioridades por definir. En realidad sería interesante pensar en más de un plan de acción con sus propios objetivos tranformadores, de tal modo que cada uno pueda asegurar una coordinación interinstitucional eficaz. Por ejemplo, se podría elegir a un sector como el de Salud o Educación, o un servicio como la administración de justicia o el transporte público.

Luego, habiendo definido el ámbito de intervención y los objetivos, el plan de acción debe definir los compromisos necesarios para alcanzarlos, debe identificar a los actores estatales que deben intervenir dentro de sus competencias, establecer las reglas para asegurar una coordinación interinstitucional eficaz, y fijar la información que debe producirse para su seguimiento y evaluación. En estos espacios definidos se percibe mejor la utilidad de la transparencia y la participación ciudadana como mecanismo de control para verificar la idoneidad de las acciones y de los resultados.

Dadas estas condiciones, el plan de acción hará converger en el ámbito de implementación, de manera complementaria, coherente y concreta, cada uno de los cuatro campos que busca desarrollar: la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública y el gobierno electrónico.

La visión que sostiene un plan de acción como el que se propone es el ataque a la disfuncionalidad estatal mediante una acción coordinada por una diversidad de entidades públicas y controlada mediante un monitoreo transparente de acciones y resultados. Se trata de un tipo de control novedoso en donde se verifica una acción o un resultado porque todos saben que se ha llevado a cabo, y en donde la evaluación de su idoneidad está directamente relacionada con el logro de avances tangibles hacia los objetivos propuestos, confirmados por la ciudadanía.

Se trata en síntesis de establecer un plan que permita identificar avances y retrocesos -y reforzarlos o enfrentarlos, respectivamente-, abocado a implementar el gobierno abierto de manera continua, ejemplar y definitiva.

Salvo mejor parecer.

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